EE.UU. alcanza su récord en deportaciones

Durante su campaña en 2008, Barack Obama prometió una reforma integral para regularizar a los 10 millones de inmigrantes indocumentados que, se calcula, residen en Estados Unidos.

Sin embargo, la oposición de los republicanos en el Congreso impidió cualquier avance, y el número de deportaciones batió un récord: 400.000 personas fueron expulsadas del país en 2011. Miles de inmigrantes permanecen detenidos a la espera de que se resuelvan sus expedientes y familias enteras quedaron destrozadas. Nuestra corresponsal en Nueva York, Ana Fuentes, nos acerca la historia de una de ellas.
Luz y Raúl son colombianos, pero se conocieron en Nueva York. Ella llevaba más de 15 años en la Gran Manzana. Llegó antes de cumplir los 21 gracias a la reagrupación familiar, porque su tío estaba aquí. Raúl, sin embargo, hacía poco tiempo que trabajaba en la ciudad y no tenía papeles. "Nosotros cuando nos vimos acosados por las fuertes leyes de inmigración que se están implementando ahora, creímos que lo mejor sería que él regresara a Colombia como había entrado, es decir, por México. Pero cuando llegó, lo pararon en la parte mexicana y le dijeron que no podían dejarle entrar, que tenía que regresar, y se lo entregaron a las autoridades de Estados Unidos", explica Luz.

Mientras Raúl era detenido, Luz creía que no la llamaba porque estaba atravesando México. Cuando lo escuchó por primera vez fue desde la cárcel. "Mami, me cogieron, me dijo. Estaba en el puente del lado de los mexicanos, y lo devolvieron. Estoy bien, me dijo, pero no era verdad", recuerda.

[related-articles]Su prometido estuvo encarcelado en un pueblo de Texas durante 40 días con delincuentes, personas que habían cometido delitos de sangre y asesinatos y traficantes de drogas. Pasó mucho miedo. Luz se puso en contacto con la que hoy es su abogada, Allison Rosenberg, experta en inmigración. Ella aconsejó a la pareja que siguiera con sus planes de casarse y empezar el proceso de reagrupación familiar. En uno de esos viajes a Colombia, Luz quedó embarazada de Valentina, que ya tiene 11 meses.

Nos reunimos en el despacho de Rosenberg con Luz y la pequeña Valentina. La abogada nos explica que en Estados Unidos cada vez es más común que las autoridades encierren a los indocumentados con criminales. "Los inmigrantes pueden ser llevados a centros de detención o a la cárcel, pero lo que está ocurriendo cada vez más es que se les está mezclando con cualquier tipo de criminal porque, según el gobierno, no hay espacio en los centros de detención de inmigrantes. Sí tienen derecho a ver a un juez, pero cuando llegan por la frontera a veces no tienen los mismos derechos que una persona que tiene papeles", explica la letrada.

Cuando a un inmigrante sin papeles lo paran en la frontera no siempre tiene derecho a un abogado. Muchas veces no les queda ninguna opción legal más que pedir asilo político, algo difícil de conseguir.
"A veces consideran que esa persona ni siquiera ha entrado en el país, como cuando te paran en el aeropuerto porque tu visado está mal, por ejemplo, o tienes un pasaporte falso, que no tienes derecho a un abogado porque según el gobierno no estás ahí", dice Rosenberg.

Familias rotas
Los deportados no pueden volver a pisar Estados Unidos en 10 años. Para regresar antes de ese plazo necesitan un documento conocido como "perdón". Es un permiso especial que les conceden para entrar después de haber sido deportado. A finales de diciembre Raúl tiene que solicitar ese perdón y certificar que su familia está sufriendo mucho sin él. Para Luz lo más duro fue pasar el embarazo sola. El pasado verano viajó a Colombia para que Raúl conociese a la niña, pero tuvo que volver a Nueva York para seguir haciéndose cargo de su madre enferma y de su hermano menor.

El proceso puede demorarse hasta mediados de 2012. Si el gobierno estadounidense no le aprueba el perdón a Raúl, podrán apelar, pero en el peor de los casos tendrán que esperar 10 años. Es la historia de miles de familias hispanas en este país. De los 10 millones de indocumentados, aproximadamente dos tercios llevan aquí al menos 10 años y casi la mitad tienen hijos pequeños, según un informe del centro Pew Hispanic Center.

"Yo nunca pensé en que hubiera tanta cantidad de gente sufriendo de esta manera", cuenta Luz. "En la cárcel con Raúl había gente que sólo había cometido una infracción de tránsito, pero por eso ya lo ficharon en el sistema y fueron deportados, aunque sus hijos y sus nietos vivan en Estados Unidos ya nunca podrán volver".

Ya que de todas formas van a ser deportados, ¿Podría ahorrárseles el calvario de la cárcel o de los centros de detención? Algunos de esos centros recibieron denuncias. Recientemente unos congresistas pidieron al gobierno que investigue a la empresa The GEO Group por supuesto maltrato a inmigrantes en sus centros de detención. "Es increíble lo que está pasando. Hay gente que prefiere ser deportada que encarcelada, pero no pueden deportarla porque no tiene pasaporte y el gobierno no los lleva a sacárselo", asegura Rosenberg.

El lobby de los centros privados
Para Joel Magallán, de la Asociación ayuda a los indocumentados Tepeyac, las empresas privadas que gestionan los centros de detención forman un lobby muy potente en Washington contra una reforma de la ley migratoria. "Son compañías proveedoras de las prisiones las que han estado promoviendo leyes antiinmigrantes en Arizona, Alabama, Georgia... para que los inmigrantes tengan más posibilidades de caer prisioneros y tener ellos más clientes en las prisiones", señala.

La crisis económica está haciendo que cada vez lleguen menos inmigrantes a Estados Unidos. Y también dificulta que se abran nuevos procesos de amnistía. ¿Para cuándo entonces una reforma de la ley de inmigración? La administración Obama asegura que revisará "caso por caso" los procesos judiciales de unos 300.000 indocumentados que afrontan trámites de deportación. Esto permitiría a muchos no sólo quedarse, sino solicitar permisos de trabajo. Pero los republicanos mientras tanto presionan para que la persecución sea aún más dura. Además, sigue adelante el programa federal E-Verify, que permite auditar a las empresas para saber si contratan a indocumentados. Miles de trabajadores que no pudieron aportar un permiso de residencia y de trabajo fueron despedidos. Allison Rosenberg y Joel Magallán aportan sus conclusiones:
"Obama prometió mucho, y yo creo que todavía quiere hacer cosas buenas, pero no quiere hacer nada sin el Congreso y éste está bloqueado: los republicanos no quieren hacer nada y muchos de los demócratas, tampoco", dice la abogada. Magallán insiste en señalar que "un inmigrante que se pasó el tren sin pagar, o lo detuvieron porque a la hora de pedirle su número de seguridad social sacó un documento falso que necesita para poder trabajar, no es un delincuente". Según él, las leyes de inmigración actuales en Estados Unidos son inmorales: "por una parte a los inmigrantes se les usa para trabajar y se les piden papeles, y por otro lado se les acusa por tener esos papeles", asegura.

El año 2011 será recordado como uno de los más duros para los inmigrantes en la historia reciente. De los 400.000 deportados, el 45 por ciento, casi la mitad, no tenía ningún antecedente penal.