Reacciones a la sentencia contra el juez Garzón

A pesar de repetidas peticiones, la oficina del fiscal general de la Corte Penal Internacional CPI, en la Haya, donde el juez Garzón trabajó como asesor, no quiso reaccionar.

Sin embargo, otros expertos legales estuvieron dispuestos a dar su impresión sobre la posibilidad de que el juez Garzón trabaje en otras jurisdicciones, por ejemplo la CPI, a pesar de la inhabilitación a la que fue condenado en España.

“Sí hubiese sido un abogado, tendría el deber de informar al secretario del tribunal, quien decidiría si su nombre permanece o no en la lista de abogados autorizados para trabajar en la CPI”, dice el abogado Nick Kaufman. Éste no es el caso, ya que Garzón fue nombrado como asesor por el fiscal general Luis Moreno Ocampo, y no como abogado activo.

Kaufman es categórico sobre la posibilidad de que Garzón ejerza como juez en la Corte: imposible. “No cumpliría los requisitos del Estatuto de Roma, porque ya no es considerado como una persona de moral impecable, imparcial e íntegro, todos requisitos en su país para ser nombrado en el más alto órgano judicial”.

Motivaciones políticas
Sin embargo, otros expertos dicen que las acusaciones contra Garzón no tienen nada que ver con su profesionalidad en el terreno legal o con su carácter, sino que están motivados políticamente.
Además de la condena por abuso de poder al haber ordenado escuchas telefónicas, Garzón está siendo juzgado por investigar crímenes cometidos durante el régimen del dictador español Francisco Franco (1939-1975). Y existe una tercera acusación contra él por de un supuesto delito de cohecho impropio por los pagos recibidos con motivo de los cursos que impartió en una universidad de Nueva York en 2005 y 2006, cuando estuvo en excedencia de su puesto en la Audiencia Nacional. Garzón aseguró en un comunicado no haber recibido, directa o indirectamente, ninguna compensación en forma de metálico ni de especie.

“Los jueces no deberían ser juzgados por hacer su trabajo”, dice Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado para Derechos Humanos, haciendo referencia a la investigación de crímenes cometidos durante la dictadura de Franco.

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Geert-Jan Knoops, abogado internacional y catedrático de Derecho internacional en la Universidad de Utrecht, dice que sin duda alguna hay un elemento legal en el caso de la condena por las escuchas (en España sólo se pueden ordenar esas escuchas en casos de sospecha de terrorismo). Sin embargo, la inhabilitación de Garzón por más de una década es “bastante dura”, opina el letrado.

“Es muy excepcional que un juez sea perseguido judicialmente. A lo mejor se le puede pedir que renuncie, pero muy pocas veces se procede contra él”, dice Knoops, y añade que en el mundo, otros jueces han transgredido su autoridad judicial, “pero en ningún otro país europeo hemos visto que un juez fuera inhabilitado de su cargo”.

Esa sentencia es una razón por la cual la gente podría pensar que la persecución judicial de Garzón tenga motivaciones políticas. Otra razón es el hecho de que ningún fiscal quiso proceder contra Garzón, y que los siete jueces fueron unánimes en su veredicto.

Posible batalla legal
Pero, según Knoops, el mero hecho de que Garzón sea inhabilitado en España, no significa que no puede trabajar en otra parte. “La sentencia del Tribunal Supremo sólo se refiere al territorio español”, señala el letrado. Knoops explica que “en teoría es posible que Garzón logre convencer a otras cortes, como la CPI, que su condena fue motivada políticamente y en consecuencia no fue legítima”.

Sin embargo, España es un país que firmó el Estatuto de Roma y es uno de los férreos defensores de la CPI. Si la Corte Penal Internacional hiciera caso omiso de una sentencia del Tribunal Supremo de España, eso conduciría, según Knoops, a una “batalla legal y política” entre la CPI y España. “Incluso si la CPI quisiera hace caso omiso de esta condena, ¿estaría dispuesta a correr el riesgo de tal escándalo?”, es la pregunta que se plantea Knoops.