Nacionalización de YPF: ¿Y después, qué?

Una de las centenares de reacciones que se publicaron ayer al pie de un periódico español en Internet desafiaba al que se atreviera a mencionar al menos una empresa transnacional argentina.

La respuesta sería de su agrado, seguramente. La intención era desacreditar al país ‘agresor’ que el lunes nacionalizó el 51% de YPF.

En efecto, Argentina no se ha caracterizado por extender su influencia en el exterior y la respuesta es relativamente sencilla: porque dispone de un fuerte mercado interno, reforzado por las relaciones comerciales con los países sudamericanos. Si a esto le agregamos el recelo histórico de las clases políticas por subirse al tren de la globalización y el de los grupos productivos por abandonar el otro tren, el de la exportación de materia prima, se entiende la dinámica de un país más propenso a mirarse el ombligo que a abrirse al mundo.

Curiosamente, se desprende de ese análisis que los políticos y los grupos de poder coinciden en cambiar poco el curso de Argentina.

En este contexto, disponer de un recurso natural es prioritario para la dirigencia argentina (la misma que, sin embargo, gozó de una privatización escandalosa en la década del ’90). La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo dijo en su discurso del lunes: “es la primera vez en 17 años que Argentina tiene que importar gas y petróleo”. La explotación de sus hidrocarburos es, digamos, de interés vital.

Dicho esto, son otras las preguntas que se plantean al día siguiente de la expropiación de la petrolera: ¿Qué garantiza que el Estado argentino asuma la exploración que Repsol ha desatendido? ¿Cómo va a afectar esta decisión en las relaciones con España y el resto del mundo?

Las posibles respuestas se harán escuchar con el correr de las horas. Argentina dice que asumirá la recuperación del sector para agilizar sus actividades comerciales, incluso a nivel internacional. Pero es en ese escenario donde se mira con desconfianza la medida y se alerta sobre el costo que tendrá sobre las inversiones extranjeras.

Los españoles hoy no quieren saber nada de Argentina y prometen una respuesta ‘contundente’. Probablemente, las dos partes se verán las caras en los foros mundiales como en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), que regula el tratado bilateral de inversión (TBI) y que, a los ojos de Madrid, el país sudamericano violó al adoptar una medida ‘discriminatoria’ porque apunta contra una empresa, Repsol, pero nada dice de los otros operadores.

[related-articles]El acuerdo firmado a inicios de los ‘90 le da la razón a Argentina en un aspecto importante, contempla la expropiación si la empresa se declara de interés público, algo que subraya el proyecto de ley. El Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá determinar el precio que pagará a Repsol, otro aspecto contemplado en el TBI en concepto de indemnización.