El gobierno conservador español, metido de lleno en reducir el déficit, adoptó este viernes un plan de austeridad que afecta a los muy sensibles sectores de la sanidad y la educación, con el fin de economizar 10.000 millones de euros por año.
La principal medida de la reforma sanitaria, que busca economizar 7.000 millones, es sin duda la más impopular: los pensionistas deberán a partir de ahora pagar una parte de sus medicamentos. Un anuncio que contradice la promesa electoral del presidente del gobierno, Mariano Rajoy --investido en diciembre--, de mantener el poder adquisitivo de los jubilados a pesar de la crisis.
Tradicionalmente, los españoles no pagan sus visitas al médico y desembolsan sólo una parte del precio de los medicamentos, salvo los pensionistas, que hasta ahora no pagaban nada. La población activa, que hasta ahora pagaban el 40% del precio de los medicamentos, pagará hasta un 60%, según su situación financiera.
En materia de educación, el gobierno espera ahorrar 3.000 millones de euros, autorizando a las comunidades autónomas a aumentar los gastos de matriculación en la universidad en un 50%, que pasarán de 1.000 a 1.500 euros de media, y a incrementar en un 20% el número de estudiantes por clase.
Las 17 comunidades autónomas son las primeras afectadas por este plan de economías, ya que absorben el 50% del gasto público de España. Las dos grandes centrales sindicales españolas, Comisiones Obreras y UGT convocaron una jornada de manifestaciones en todo el país el 29 de abril, para protestar contra los recortes en salud y educación.
España en su conjunto tiene doce meses para recortar el déficit presupuestario del 8,51% al 5,3% del PIB y ya anunció los presupuestos más austeros de su historia, con un ajuste de 27.300 millones de euros.