Venezuela propone debate sobre DDHH

Caracas fuerza la discusión en torno a un nuevo sistema interamericano de derechos humanos, “lejos de la órbita de Washington”.
Meses atrás, al anunciar que consideraba retirarse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Caracas resquebrajaba uno de los tabúes mejor conservados en América Latina: el postergado debate en torno al sistema interamericano de derechos humanos, sus instituciones y la influencia que sobre ello estaría ejerciendo Washington.
“Lamentablemente, las buenas intenciones y el buen espíritu de lo que fue la creación de la CIDH fue absolutamente desnaturalizada, desde hace bastante tiempo”, explica Nicolás Maduro, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela.
A primeros de mayo, el Gobierno del presidente venezolano, Hugo Chávez, comunicaba que su país estaba preparándose para denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos, paso previo  a la salida de la CIDH. “El problema de la Comisión es que está controlada por una mafia internacional que responde a los intereses de Estados Unidos”, sostiene Maduro. Pero hay más.

Desde el 2002, Venezuela prohibió la entrada a la CIDH. ¿La razón? La Comisión había reconocido al Gobierno de facto durante el golpe de Estado que derrocó al presidente Chávez por 48 horas. "Hay que recordar el 2002, cuando yo fui prisionero. Uno como persona pidiendo que se resguardaran mis derechos, y la Comisión lo que hace es responder al excelentísimo Gobierno de Pedro Carmona, el empresario venezolano que asumió el poder durante el breve golpe”, declara el presidente Chávez. Bastantes razones tenemos, desde hace mucho tiempo, para abandonarla”.

[related-articles]Dos días después, en audiencia ante la CIDH, el representante venezolano para los derechos humanos, Germán Saltrón, aseguraba que, ”en sus dictámenes de condena a la situación de derechos humanos, la Comisión atenta contra la soberanía del país”.
Por tal razón, explica Nicolás Maduro, “ha llegado el momento de desmontar esa estructura decadente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”. La invitación de Maduro se produce en el marco de la reunión de ministros de Defensa, Justicia, Interior, Seguridad y Relaciones Internacionales de los doce países que integran la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), que tuvo lugar en Cartagena.
Nuevo sistema
En el fondo, y en su forma, el planteamiento de Maduro es un llamado a crear instancias que velen por los derechos humanos desde organismos como la UNASUR y la CELAC, y a desmontar los sistemas de la OEA.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para las Américas, señala que “Venezuela se convertiría en el primer Estado de la región que abandona el principal tratado de derechos humanos vigente por varias décadas, e instrumento principal para promover y defender los DDHH, tanto en democracia como en dictadura. Venezuela quiere instalar un precedente en la región, para promover un efecto dominó con el objetivo de que otros países hagan lo mismo. Imagino que el siguiente en seguir su ejemplo será el presidente de Ecuador, Rafael Correa, quien ha hecho anuncios en esta dirección. Además, podría seguir el resto de países del ALBA, para debilitar el sistema de DDHH que tenemos  en la región”.
“Si esto logra concretarse y Venezuela materializa su amenaza y le siguen otros países, evidentemente sería un golpe muy duro a un sistema que, hasta el día de hoy, ha sido muy eficaz en la protección de los derechos humanos y ha ayudado a despolitizar su causa, en el sentido de que la Comisión y la Corte están constantemente pronunciándose sobre múltiples temas frente a Gobiernos de derechas, de izquierdas o dictaduras. A todos ellos les caen críticas justificadas que permiten luego avanzar en la protección a nivel interno, es decir, obligan a los Estados a derogar legislación o a revisar conductas prácticas, introducir políticas públicas para defender los derechos fundamentales. Esa tendencia en la región se vería seriamente dañada si Venezuela concreta su amenaza”, advierte Vivanco en su oficina en Washington.
Pero hay matices. Según Edgar Lucena, de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, “eestadísticamente, durante los Gobiernos de la cuarta república en Venezuela, dirigidos por los partidos Acción Democrática y el Partido Social Cristiano COPEI, en la Corte Interamericana de DDHH sólo se admitieron cuatro casos de violación de DDHH con tradición tremenda, mientras que en el proceso bolivariano que lidera el presidente Chávez, la CIDH ha admitido más de 100 casos de violación de DDHH. Es conocido en todo el mundo que en Venezuela han existido las mayores libertades del mundo, elecciones democráticas, elevado el nivel de calidad de vida del pueblo, no hay presos políticos, solo políticos delincuentes que están presos”.
Los límites
En esta misma línea, cabe recordar que en septiembre del 2008, el Gobierno de Hugo Chávez expulsó de Venezuela a José Miguel Vivanco, a raíz de un demoledor informe de HRW sobre la situación de las libertades públicas en el país. Tras aquella medida, el responsable de la diplomacia venezolana, Nicolás Maduro, advertía que “todo aquel que pretendiera inmiscuirse en los asuntos internos venezolanos recibirá el mismo tratamiento que Vivanco".
“Con ese tipo de discurso se busca legitimar el abuso y distraer la atención de la opinión pública nacional e internacional, polarizar, politizar el debate y dividirlo entre los que están conmigo y mis enemigos. No están dispuestos a un debate serio”, señala Vivanco.
“Quienes alegan que la CIDH sólo critica a Venezuela no han visto los informes de la Comisión y no quieren ver otros sobre Guantánamo, EEUU y el ex presidente Bush respecto a la tortura, ni sobre las críticas al Gobierno de derechas de Álvaro Uribe mientras gobernó Colombia. Esta argumentación no tiene ninguna base, es sólo una muletilla y un esfuerzo de propaganda fácil para evitar responder a las críticas de fondo. Parece que los presidentes Correa y Chávez están dispuestos a tolerar la libertad de expresión en la medida en que la ejerzan tanto nacionales o extranjeros para aplaudirles. Si no lo hacen, se convierten en un objeto de estigmatización pública y, aún más fácil, en un objeto para descalificar la crítica como parte de una gran conspiración internacional, imperial, y con eso probablemente logran confundir a algunos de sus partidarios”, refuta José Miguel Vivanco.
“Tampoco es así,” matiza Lucena, “porque en los casos de Ecuador, Bolivia, Brasil, Argentina y Nicaragua, los intereses de los países tienen que ser acordes a una estructura latinoamericana que, en verdad, represente los intereses del pueblo, sin estar sujetos a estas instancias internacionales como la OEA, la ONU y la CIDH. Todo mundo sabe que estas instancias representan los intereses de los países capitalistas desarrollados, especialmente el Gobierno de Estados Unidos, para que sus decisiones sean acordes a los intereses del Gobierno y las transnacionales norteamericanas. Se están construyendo leyes revolucionarias que benefician al pueblo y, obviamente, atacan al gran capital de las grandes transnacionales y de la burguesía y la oligarquía venezolana; eso lo asumen ellos como violación de derechos humanos”.
La discusión ha alcanzado tales extremos, que el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, se muestra, por vez primera, dispuesto a reformar el sistema interamericano de derechos humanos, tal como lo manifestó públicamente tras una entrevista con Rafael Correa, en Quito.
El problema es que Caracas, Quito, Managua, Buenos Aires y La Paz no creen en la OEA y abogan por una nueva arquitectura institucional para “la nueva América”.