Brasil: Comisión de la Verdad para reencontrar la justicia

Tras dos años de presiones y vaivenes políticos, Brasil tendrá al fin una Comisión de la Verdad para investigar los crímenes contra los derechos humanos perpetrados entre 1946 y 1988. Sin embargo, ninguno de los responsables será castigado judicialmente.
 
Durante décadas, Brasil ha sido el único país sudamericano en el que las violaciones de derechos humanos cometidas por las dictaduras militares del pasado se mantenían impunes. Sin embargo, para investigar los hechos, la presidenta Dilma Rousseff ha aprobado una Comisión de la Verdad, cuyos miembros tomarán posesión mañana.
“Esta Comisión es el primer paso para un ajuste de cuentas con el pasado y, al mismo tiempo, para que Brasil reencuentre la justicia. Los mismos crímenes que se practicaron en las dictaduras militares se siguen practicando hoy porque no los han sancionado anteriormente”, dice a Radio Nederland el brasileño Aton Fon, abogado y ex preso político.
Para Fon, como para miles de brasileños que fueron encarcelados, torturados, desaparecidos o asesinados por oponerse a las dictaduras, la creación de esta Comisión es, sin duda, una muy buena noticia. Sin embargo, no es suficiente ya que el carácter de esta Comisión es sólo testimonial, no práctico.
Tanto desde el gobierno, como desde la propia Comisión, defienden que la misión de este organismo no es la “revancha” ni la “venganza”, sino buscar la verdad. “Nuestro compromiso no es castigar, es descubrir la verdad. La ley es clara, nadie será castigado (judicialmente). Pero apuntar a los responsables ya será una forma de castigo. La información puede castigar”, dijo el ex ministro de Justicia e integrante de la Comisión, José Carlos Dias.
Ley de Amnistía
Así, esta Comisión integrada por siete miembros ampliamente reconocidos en la sociedad civil, investigará durante dos años las violaciones de Derechos Humanos que se cometieron entre 1946 y 1988 para después presentar un informe detallado de sus hallazgos. Sin embargo, nada de lo que encuentren tendrá consecuencias penales pues la Ley de Amnistía de 1979, aprobada durante el gobierno dictatorial del presidente João Figueiredo (1978-1985) establece que, en nombre de la pacificación nacional, serían perdonadas las atrocidades realizadas por ambos bandos en conflicto durante la dictadura militar (1964–1985).
[related-articles]“Es cierto que el Supremo Tribunal Federal (STF) lo ha decidido así pero, por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha decidido que las auto-amnistías no tienen ninguna validez y que el Estado brasileño no puede dejar de sancionar a los criminales que se ocultaban en la represión estatal”, dice Fon. Y destaca que “estamos todavía ante la decisión de un problema. El STF ha juzgado que la auto-amnistía sí es constitucional pero no ha decidido todavía si es convencional, o sea si está de acuerdo con la Convención Americana sobre Derechos Humanos”, explica.
Además, Fon dice que todos los ex presos políticos y todos los familiares de los detenidos y desaparecidos están haciendo presión para que el Estado Brasileño se someta a la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que sentencia que los delitos cometidos por agentes del estado brasileño constituyen crímenes de lesa humanidad.
“Así como en Uruguay, Argentina o Chile las auto-amnistías son desechadas porque no se puede entender que, como en los tiempos de los nazis, ellos mismos fueran los que dijeran qué es y qué no es un crimen, no se puede admitir la ley del criminal diciendo que sus acciones criminales no están en contra de la ley y que esto sea aceptado por un estado democrático”, dice Aton Fon, también director de la Red Social de Justicia y Derechos Humanos.
Primeras investigaciones
La aprobación de este proyecto, impulsado por el presidente Luís Inácio Lula da Silva en 2009, “ha sido una decisión arriesgada de la presidenta, pero que habla bien de su calidad de dirigente y de mujer que ha asumido el papel que tiene en la conducción del Estado Brasileño”, dice Fon.
Desde que se propuso la creación de la Comisión, los militares han criticado fuertemente su creación, temerosos que fuera levantada la Ley de Amnistía. Sin embargo, ahora aprobaron los miembros de la comisión asegurando que se trata de personas “experimentadas y nada radicales”, según publicó el diario Folha.
Para Fon, esta Comisión representa un papel fundamental como punto de partida ya que será la primera institución que comience a realizar investigaciones. Los siete miembros serán investidos mañana en una ceremonia a la que se prevé asistan todos los ex presidentes de la época democrática: José Sarney, Fernando Collor de Mello, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Inácio Lula da Silva.