Honduras: libertad de expresión se repliega ante violencia

El secuestro y posterior asesinato de Alfredo Villatoro, coordinador de noticieros de la principal radioemisora de Honduras, confirma el extremo peligro que implica ejercer el oficio de comunicador social en este país centroamericano.
En Honduras, la libertad de expresión se repliega cada día ante la complicidad del Estado, el avance de la intolerancia y el temor de la ciudadanía. El secuestro y posterior asesinato del Alfredo Villatoro, el pasado 9 de mayo, ha generado confusión en el país debido a que no se entiende si hay un mensaje específico de los autores del crimen o si responde a la delincuencia común. En todo caso, el conocido periodista laboraba en la radioemisora capitalina HRN, propiedad de uno de los principales magnates de la comunicación, la banca y los negocios.
Pese a que el presidente de Honduras, Porfirio Lobo, recibió a diario demandas para que se movilizara a fin de "lograr la liberación inmediata y garantizar la vida del periodista", el trágico fin del secuestro simboliza la inefectividad de la fuerza pública para garantizar la vida de la población.
Con un promedio de 19 asesinatos diarios, esta nación centroamericana es incapaz de reinventarse democráticamente, y permanece atrapada en una maraña de corrupción, crimen organizado, falsas ideologías y una élite política desprestigiada que se encubre detrás de gestos y máscaras demagógicas, la mayoría mediáticas.
Cada cuatro años, cuando se cumple el cronograma electoral, todos los aspirantes a la Presidencia prometen trabajo y seguridad, pero la realidad diaria muestra una sociedad cuya la población vive, en su mayoría, atrapada entre el miedo y la desesperanza.
Ejercer la crítica periodística bajo esas circunstancias es muy difícil, pues todos los temas tras los cuales se parapeta el poder son intocables, incluyendo el de la memoria histórica. La amenaza o el atentado son inevitables para quien denuncie o investigue el abuso de poder o la manera en que crecen las grandes fortunas personales o los negocios entre empresarios privados y el Estado.
El alcalde de un pueblo enjuició a un comunicador rural por haber criticado el manejo de la basura; en otra localidad un juez intimidó a un corresponsal que había denunciado un contrabando de combustibles. En una ciudad intermedia, un periodista sobrevivió a un balazo luego de informar sobre irregularidades de una gran empresa, y otro escapó ileso de un grupo desconocido que le atacó por diferencias futbolísticas. Como éstos, hay centenares de casos.
Como es natural, la mayor parte de la atención se centra en los 29 casos de comunicadores sociales asesinados hasta la fecha, pero el periodismo hondureño en general parece cada vez más un campo de batalla, con heridos, golpeados, intimidados, exiliados y desertores. Son cada vez más quienes abandonan, de varias formas, el oficio.
[related-articles]En el 2010, un atentado contra las instalaciones del diario La Tribuna, propiedad del influyente ex presidente Carlos Flores Facussé, quedó en total impunidad, hecho que advierte que nadie está a salvo, sin importar la ideología que profese o la ética profesional que defienda. Un buen periodista corre tanto riesgo como un mal profesional. Puede haber un abismo en la calidad profesional entre ambos, pero las consecuencias de su trabajo pueden ser las mismas.
En un informe especial, publicado en julio del 2010, el Centro de Protección para Periodista (CPJ) subrayó que “el Gobierno propicia un clima de ilegalidad que permite a los criminales matar periodistas y permanecer en la impunidad”.
La pregunta que muchos se plantean es si existe una política de Estado en contra de periodistas y comunicadores sociales. Pese a que bajo el Gobierno de Lobo han muerto unos 20 comunicadores, no parece haber pruebas de que todo se planifica fríamente desde el poder. No obstante, lo que se descubre con la impunidad es que sí hay complicidad del Estado o de sus principales órganos jurisdiccionales encargados de investigar y aplicar la ley. La duda es cuándo la complicidad del Estado se convierte en política oficial.
Los analistas consideran inexplicable, por ejemplo, que tras el asesinato del periodista Nahún Palacios, ocurrido en la norteña ciudad de Tocoa a inicios del 2010, ninguna autoridad ordenó un examen forense y ningún policía documentó la escena del crimen. ¿Olvido o premeditación?
Lobo tiene en sus manos la posibilidad de revertir esa tendencia, pero para ello debería atender algunas de las recomendaciones claves que ha recibido tanto de grupos especializados en derechos humanos como de organizaciones defensoras de periodistas. Sin embargo, no hay decisiones en marcha al respecto.
El trasfondo de la crisis de Honduras y la hegemonía de una pequeña élite tienen una relación estrecha con la ausencia de libertad de expresión y de acceso a la verdad. Quizá la crudeza de tanta violencia en contra de la prensa ponga en evidencia de que hay una batalla que se está librando por el futuro de esta nación, y que lo que se apuesta es seguir en lo mismo o cambiar.