Perú: indígenas mashiguengas entre dos fuegos

Una de las comunidades indígenas más antiguas del Perú, anterior incluso a la existencia del Estado peruano, se encuentra entre los fuegos de los remanentes de Sendero Luminoso y las fuerzas del orden. Se repite la historia del conflicto armado de los 80.

Las secuelas de los trágicos incidentes generados por las acciones de Sendero Luminoso en la provincia de La Convención (región Cusco) han sido de variada índole. Desde el fallecimiento de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas debido a emboscadas o acción de minas antipersonales caseras, hasta la renuncia y posterior relevo de los ministros del Interior y de Defensa.
Sin embargo, se ha dicho poco sobre los impactos que las acciones del conflicto armado han causado en los pueblos indígenas que viven cerca a los valles de los ríos Apurímac y Ene, así como de la provincia de La Convención, donde vienen operando las columnas senderistas asociadas al narcotráfico.
Esta semana, se pudo conocer las secuelas de las recientes actividades armadas senderistas y de la correspondiente contraofensiva del Ejército en el pueblo mashiguenga, una etnia amazónica que vive en zonas cercanas a las que se explota el yacimiento de gas de Camisea, fuente de energía que viene siendo importante para el Perú a fin de generar un cambio en las fuentes no renovables de energía.
Esta zona es usada por Sendero Luminoso como región de tránsito para sus operaciones, y los miembros de esta organización toleran la existencia de inversión privada, a cambio que sus actividades armadas y de custodia del tráfico de drogas sean toleradas.
En al medida en que el área de Alto Lagunas ha sido sembrada por minas caseras por parte de la facción senderista que opera en La Convención, 110 miembros de esta etnia han sido llevados a la casa comunal del Consejo Mashiguengua del Río Urubamba, donde se encuentran en condiciones precarias. Otros están desaparecidos según el periodista ayacuchano y especialista en narcoterrorismo, Pedro Yaranga.
Ellos se sienten afectados tanto por el desplazamiento forzado al que se han visto sometidos por las acciones armadas, como por el reclutamiento de menores de edad realizado por Sendero Luminoso en la zona. Ambas conductas ya han sido registradas en otros momentos del conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y 2000.
[related-articles]Se repite la violencia de los 80
El desplazamiento forzado fue una conducta que, en el caso de Sendero Luminoso, la Comisión de la Verdad y Reconciliación encontró que tenía como fin contar con una masa cautiva que pudiera satisfacer sus necesidades logísticas. El caso más dramático fue el del pueblo ashaninka, diezmado en tal magnitud que la propia Comisión de la verdad y Reconciliación (CVR), recomendó que se iniciaran investigaciones contra la cúpula senderista por la presunta comisión del delito de genocidio.
De acuerdo con el Informe Final de la CVR, Sendero Luminoso reclutó a menores de edad para reemplazar a quienes cayeran en combate. La mayoría de los reclutamientos fueron realizados mediante coacción, engaños y violencia, incluyendo amenazas a sus familiares. La CVR documentó la existencia de “niños pioneros”, a quienes se daba labores como vigilancia, mensajería, espionaje o traslado de municiones. A partir de los 12 años, los menores de edad reclutados por Sendero Luminoso eran entrenados en el manejo de armas.
Cabe recordar los dos miembros de la etnia machiguenga, quienes permitieron al padre del suboficial de la Policía Nacional César Vilca ubicar los restos de su hijo, ultimado por Sendero Luminoso. En este caso, se acusa a la Policía Nacional y al Gobierno de no emprender una búsqueda adecuada del suboficial Vilca, como de otros miembros de las fuerzas del orden heridos o victimados por Sendero Luminoso.
De acuerdo con los analistas en temas de seguridad, será vital para derrotar a estos remanentes del terrorismo que las Fuerzas Armadas y policiales articulen una alianza con los ciudadanos que viven en la zona, entre ellos, los miembros de la etnia mashiguenga. Ello implica, por cierto, una mejora en los servicios que ofrece el Estado, que no pasa solamente por los temas de seguridad, sino también por integrar mejor a estos peruanos al resto de la sociedad, lo que también incluye el respeto a su etnia y costumbres.