Crece la industria del narcotráfico en Ecuador

A pesar de que la problemática de las drogas cada vez es más global, los gobiernos siguen respondiendo de manera nacional.

Desde los años 80, Ecuador ha desempeñado un papel importante como lugar de paso para el traslado de droga desde la frontera colombiana hacia los Estados Unidos. Sin embargo, el país andino ha ido adquiriendo más importancia en este negocio y, en los últimos años, su papel de productor y exportador ha aumentado.
“Esto tiene que ver con la necesidad de instalar la producción de cocaína cerca de los lugares de tránsito, como también ha ocurrido en Perú. El tránsito ecuatoriano hace décadas que es importante y, sobre todo desde sus costas, el trasiego hacia Centroamérica se ha incrementado. Ahora es un país bastante activo”, dice el experto colombiano en política de drogas, Ricardo Vargas.
Si bien no sorprende hablar de la participación de Ecuador en la economía de las drogas, según Vargas, la novedad está en que “hoy es mucho más visible”. Sobre todo por la cantidad de cocaína que se ha venido incautando por la vía ecuatoriana y por la creciente participación de grupos instalados en el país en relación con el tráfico de drogas.
Según el último Informe Internacional de Control de Narcóticos elaborado por el Departamento de Estado norteamericano, las organizaciones internacionales criminales que trabajan en Ecuador son mexicanas, colombianas, rusas y chinas; incluyendo a varios carteles de Los Zetas y las FARC.
Base aérea de Manta
En 2009, el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa decidió no renovar a Estados Unidos el convenio para mantener la base aérea Eloy Alfaro, situada en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. Según el Informe Internacional de Control de Narcóticos norteamericano, la salida del Puesto de Operaciones Avanzadas de Estados Unidos (FOL) de la base de Manta ha supuesto un retroceso para el país en el decomiso de drogas. “En 2009 se capturaron en Ecuador 68,05 toneladas de droga mientras que, al año siguiente, esto cayó a 18,19 toneladas”, dice el informe.
Sin embargo, para Vargas, esta afirmación responde a “los manejos políticos que mantienen algunos países de la región andina con Washington en este conflicto”. “Obviamente la capacidad de gobiernos como Ecuador, Venezuela o Bolivia es bastante menor y, casi siempre, los bajonazos que hay en relación con incautaciones son señalados frecuentemente por Estados Unidos como un factor de debilitamiento o, en algunos casos, de complicidad en relación con el fenómeno de las drogas. Pero yo creo que la situación envuelve una serie de sospechas por parte de Quito y también de Washington. Además, las incautaciones no necesariamente son un indicador contundente de los compromisos que tienen los países en relación con esto. En Colombia se ha incautado promedios muy altos, de cerca de 200 toneladas de cocaína al año, y, sin embargo, sigue siendo un país muy importante como productor y procesador de esta droga”, dice este investigador.
[related-articles]Intervención militar
Siguiendo los pasos de la mayoría de sus vecinos latinoamericanos, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció el pasado mes de abril que, en 2013, las Fuerzas Armadas tendrán como “prioridad” intervenir en “operaciones contra el narcotráfico, crimen organizado y terrorismo” en apoyo al Estado. En la región, países como México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay y Brasil también han delegado esta misión a los militares.
“El hecho de que Ecuador haya pedido esto a las Fuerzas Armadas forma parte de las carencias que tienen los países de Latinoamérica en relación con una discusión de fondo sobre el tema de drogas. Cada país, en lugar de abordarlo a nivel regional, lo sigue haciendo internamente, y eso sí me parece un error porque este fenómeno tiene unas connotaciones cada vez más transnacionalizadas”, dice Vargas. “Pero los gobiernos llamados alternativos no han sabido posicionar el tema en términos de una perspectiva regional que les apunte a un replanteamiento de la estrategia. En ese sentido, la participación de los militares es más de lo mismo, y además los coloca en una situación muy vulnerable por la eventual corrupción que el narcotráfico suele ocupar en los organismos de seguridad de los Estados”, añade el experto en drogas.
Estrategia regional
Para Vargas, como para otros muchos investigadores, el combate contra las drogas pasa por un enfoque más regional y autónomo frente a Washington. “Creo que hay que pensar en la necesidad de que los gobiernos que reivindican una política más autónoma, lo pongan en un escenario multilateral en el contexto latinoamericano. De momento, UNASUR se ha quedado muy corta en el análisis y diseño de políticas públicas de corte regional para el narcotráfico y, aunque es una alternativa interesante, aún no está en el horizonte de las políticas de los gobiernos latinoamericanos”.