Después de más de una semana las elecciones presidenciales en México, continúan las voces que denuncian abiertamente la compra de votos, sobornos, irregularidades en los colegios electorales e incluso intimidación de votantes.
Las quejas e inconformidades ante la inacción del IFE y de las autoridades electorales han provocado quejas y denuncias del PAN, del PRD, de ONG´s, de ciudadanos indignados y sobre todo, del Movimiento Yo soy 132. El 2 de julio, ante los resultados que ofrecía el IFE se organizó una masiva marcha de repudio de manera espontánea. El sábado 7 de julio hubo marchas de repudio a la imposición del candidato del PRI en 16 estados de la República mexicana. No sólo salieron a las calles los estudiantes y jóvenes sino personas de todas las edades y condición social. Incluso en las ciudad holandesa de La Haya simpatizantes de Yo soy 132 se manifestaron en protesta contra el resultado electoral.
Las marchas no eran para mostrar su apoyo al partido de Antonio Manuel López Obrador ni tampoco fueron convocadas por él; se trataba de expresar la indignación existente entre la ciudadanía por la imposición de un candidato y la impunidad de los delitos electorales.
[related-articles]El Movimiento Yo soy 132 celebró una asamblea general el miércoles pasado; en ella se acordó un comunicado oficial en el que afirma: "La jornada no se desarrolló en un ambiente de paz y legalidad y hubo prácticas profundamente antidemocráticas, como la violencia de estado, la compra de votos, las encuestas amañadas, la manipulación mediática y otras prácticas ilícitas que alteraron la normal emisión del voto libre e informado". (...) Es un proceso fraguado hace varios años por los poderes fácticos nacionales y extranjeros que vulneran la soberanía nacional que pretende garantizar reformas estructurales de carácter neoliberal: la reforma laboral, la energética, de seguridad y fiscal, así como de un sistema político de complicidades y prebendas que sólo pretende legitimarse a través de las elecciones".
Escrutinio final
La tarde del 8 de julio, el Instituto Federal Electoral (IFE) dio a conocer los resultados del conteo final de los votos de las elecciones presidenciales del primero de julio en México.
Enrique Peña Nieto de la coalición Partido de la Revolución Institucional (PRI) y Partido Verde Ecologista obtuvo 38.21 por cien de los votos que equivalen a 19 millones 226 mil 784 sufragios. Andrés Manuel López Obrador de la coalición de izquierdas Partido de la Revolución Democrática, (PRD), Partido del Trabajo (PT) y el Movimiento de Reconstrucción Nacional obtuvo el 31.59 por ciento de los votos equivalentes a 15 millones 896 mil sufragios.
Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional (PAN) obtuvo 25.41 por ciento y Gabriel Quadri de la Torre del partido Nueva Alianza (Panal) alcanzó solo el 2.29 por cien.
En gran perdedor fue el PAN que de ser gobierno se convirtió en la tercera fuerza política del país.
Según el Consejo General del IFE el cómputo confirma la ventaja de Enrique Peña Nieto.
El ministro presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, subrayó que la calificación de la jornada y los resultados finales para dar a conocer la victoria corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Valdés Zurita afirmó que el IFE llevó a cabo las elecciones con apego a la ley, aunque respeta a quienes tengan opiniones diferentes. La coalición de las izquierdas anunció que impugnará el resultado debido a la gran cantidad de irregularidades que encontraron antes durante y después de las elecciones.
Derrota por adelantado
Aún no se cerraban las casillas del norte de México cuando el ministro presidente del IFE Leonardo Valdez Zurita apareció en la televisión para anunciar que Peña Nieto era virtualmente el nuevo presidente. Josefina Vázquez Mota a las 20:36 horas anunció que reconocía su derrota aún antes de que las actas llegaran y se contaran. Sólo se tenían las encuestas a boca de urna. ¿Por qué se dio por vencida antes del conteo?
Las dos apariciones activaron las alarmas de los que temían un fraude electoral.
La jornada electoral tuvo muchos incidentes y problemas. En el noreste de México, en las zonas controladas por el crimen organizado, como el llamado Triángulo Dorado ( donde confluyen Chihuahua, Durango y Sinaloa) imperaba la consigna: “Hay que votar por el PRI”. Según las denuncias hechas por el PAN y el PRD, los narcos no permitieron que ningún representante u observador que no fuera del PRI se acercara a las casillas.
Patricia Dávila documentó en la revista Proceso (1862) que en Chihuahua los narcos llegaron al extremo de encerrar en una bodega a cientos de indígenas Rarámuris y amenazaron con quemar las casas de quienes no votaran por el PRI. “Pareciera una alianza de facto entre los cárteles y el PRI” declaró Mario Vázquez Robles, del Comité Directivo del PAN en Chihuahua a Dávila.
Las casillas especiales, broncas especiales
En las ciudades, en las casillas especiales se anunció que no se contaba con papelería suficiente para votar aunque muchos testigos afirmaron que sí la había y se les negaba a las personas su derecho a ejercer el voto. Según las leyes electorales, los ciudadanos tienen asignados centros de votación cercanos a su domicilio, pero si la persona está fuera de su localidad, puede acudir a una casilla especial. Las colas fueron larguísimas y la gente estuvo formada hasta por doce horas bajo una incesante lluvia, para recibir la noticia de que no podía votar. Muchos ciudadanos utilizaron sus teléfonos celulares para registrar las irregularidades y subirlas a la red. He aquí un ejemplo.
La compra y coacción del voto. Soriana, por ejemplo
Desde hace meses tanto el PRD como el PAN aunque más tímidamente, denunciaron el rebase de Enrique Peña Nieto de los topes de campaña. Había anuncios gigantescos por todo el país. Además, el PRI utilizó sus viejas prácticas y las combinó con las nuevas surgidas de un ingenio fraudulento admirable. Hubo compra directa e indirecta de votos, promoción de los candidatos fuera de los tiempos establecidos, la participación ilegal y abierta de gobiernos estatales. El IFE y la Fiscalía Especial Contra Delitos Electorales (FEPADE) hicieron caso omiso a las quejas y a las pruebas que fueron presentadas.
El PRI repartió varios monederos electrónicos muy similares a una tarjeta de débito con los que se podía comprar artículos en la cadena de tiendas Soriana. Para obtener uno o varios monederos electrónicos había que votar por el PRI y demostrarlo. Se repartieron miles de tarjetas PRI-Soriana que prometían entre mil y 1.700 pesos; sin embargo, muchas de ellas sólo tenían cien pesos de crédito. El 2 de julio una multitud vació varios supermercados ante el rumor de que las tarjetas serían canceladas.
Una cajera de Soriana menciona que las tarjetas fueron entregadas por el PRI.
Ricardo Monreal, coordinador de campaña de López Obrador, denunció la compra de votos y presentó varios miles de monederos electrónicos a la prensa y a las autoridades lectorales. Muchas de las personas que habían vendido su voto, se fueron a quejar al PRD de que el PRI no les había pagado lo prometido y que sus tarjetas estaban vacías. Era surrealista que se quejaran al PRD del incumplimiento del PRI. Según Monreal hubo cuatro millones de tarjetas prepagadas de Soriana. ¿Con qué fondos se pagaron? ¿Se desviaron fondos federales o tuvo financiamiento del crimen organizado?
Ricardo Monreal hizo un llamado a la ciudadanía a juntar pruebas en contra del fraude.
El PRI y su rosario de escándalos
Otro escándalo que salió a luz varias semanas antes de las elecciones es la denuncia de José Luis Ponce Aquino ante una Corte del estado de California, en Estados Unidos, en contra de colaboradores cercanos a Peña Nieto, por incumplimiento de contrato. Según Ponce Aquino, dueño de la empresa Frontera Television Network, los priístas le ofrecieron 56 millones de dólares para promover la imagen de Peña Nieto en Estados Unidos, pero los priístas incumplieron.
En junio el PRD denunció que el PRI repartió tarjetas de débito del banco Monex a favor de Peña Nieto; tal institución, según Ricardo Monreal trianguló recursos por más de 240 millones de pesos. Monex está bajo investigación policiaca en Estados Unidos y México debido a las sospechas de que a través de ese banco y sus subsidiarias, se lava dinero del crimen organizado. Según las investigaciones periodísticas, es en Monex donde los ex gobernadores priístas de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores pidieron créditos para adquirir inmuebles mediante empresas fantasma dejando como garantía bienes en México.
El candidato hecho desde la televisión
Los medios electrónicos urgen a la izquierda a que reconozca el resultado de los comicios y que “aprenda a perder”.
La televisión privada apoya abiertamente a Peña Nieto; éste es un candidato formado desde Televisa. Peña Nieto pagó millones de dólares desde hace años para crear una buena imagen de marqueting político, según sacó a la luz el periódico inglés The Guardian.
Las casas encuestadoras que aclamaron a Peña Nieto como puntero durante meses en la pequeña pantalla y en la radio, fueron contratadas por las televisoras. El galán se casó con una actriz de telenovelas y su vida privada ha seguido el guión que Televisa le marcó: un cuento de hadas. El gran problema es que la televisión abierta llega a todos los hogares. La mayor parte de la población se informa y forma sus opiniones políticas a partir de lo que dice la tele y ésta no tiene contrapeso. Son pocas las personas que leen la prensa escrita y a la provincia profunda no llegan los periódicos. No hay otra versión de las cosas. La televisión privada ha concentrado tanto poder que se ha convertido en el poder fáctico más poderoso de México. Sin embargo, en las ciudades, los jóvenes apagaron la tele y encendieron las computadoras. La información en redes sociales y en vídeos de Youtube, está marcando la diferencia en el acceso a la pluralidad de ideas.
Miguel Eraña, doctor en derecho constitucional, coincide con el Frente Ciudadano en Defensa del Voto, que afirma que las encuestas en realidad fueron propaganda política. Peor aún, el 90% de las encuestas registradas ante el IFE no presentó su metodología como marca la ley, ergo, no se sabe cómo obtuvieron esos datos.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial debe agotar los juicios de impugnación que no dejan de lloverle. ¿Por qué los magistrados dejaron que los delitos electorales se cometieran frente a sus narices? ¿Por qué no reaccionaron en el momento?