Fujimori tiene la llave de su celda

Una decisión de una sala de Corte Suprema de Justicia abre una vía procesal para que el ex presidente peruano, Alberto Fujimori, alcance su libertad. Son tiempos de impunidad en el Perú.
El abogado del ex presidente Alberto Fujimori, César Nakazaki, declaró el último miércoles que interpondrá una demanda de hábeas corpus contra la sentencia que lo condenó por violaciones a los derechos humanos en abril de 2009, luego que la Sala Penal Permanente dictara una controvertida sentencia contra los miembros del Destacamento Colina, un grupo de inteligencia del Ejército peruano que perpetrara ejecuciones extrajudiciales y secuestros contra civiles entre 1991 y 1992. La sentencia recae sobre la matanza de 15 personas en Barrios Altos, una zona de Lima, la ejecución de 9 campesinos de El Santa (región Ancash) y el asesinato del periodista radial Pedro Yauri al norte de la capital del Perú.
Crímenes de lesa humanidad
Nakazaki sustentará su pedido en lo resuelto por la Sala antes indicada, que indicó que los homicidios y secuestros perpetrados por la mencionada unidad militar no constituían crímenes de lesa humanidad, en una resolución que fue dada a conocer el pasado viernes 20 de julio.
Alberto Fujimori cumple una condena de 25 años de prisión por homicidio calificado, lesiones graves por dos crímenes cometidos por Colina – los casos Barrios Altos y La Cantuta – y el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Gorriti, críticos de la gestión autoritaria del ex mandatario. Los casos vinculados al destacamento dirigido desde la Presidencia de la República fueron calificados por la Corte Suprema de Justicia como crímenes de lesa humanidad. Si bien esta mención no implica una pena mayor para el hombre que gobernó Perú durante la década de 1990, sí produce efectos con respecto a la imprescriptibilidad de los crímenes cometidos durante su mandato.
Sentencia firme
En teoría, la sentencia contra Fujimori se encuentra firme, luego de haber sido confirmada por la Corte Suprema de Justicia en enero de 2010, así como por el rechazo en el Tribunal Constitucional de una primera demanda de hábeas corpus, vinculada a las recusaciones de los magistrados que resolvieron en segunda instancia su caso.
Sin embargo, la defensa legal del ex mandatario tiene como objetivo final que el Tribunal Constitucional pueda anular la sentencia por violaciones a los derechos humanos, no solo porque es la máxima pena que cumple Fujimori en una prisión especial dentro de un cuartel policial, sino también para devolverle algo de la gloria perdida entre sus partidarios, quienes lo siguen considerando como “el hombre que pacificó el Perú”, luego de la derrota militar de Sendero Luminoso y el MRTA, las dos agrupaciones subversivas que enfrentó el Estado peruano desde 1980.
Cuestionamientos a la sentencia
El pedido de Nakazaki surge a partir de una sentencia que ha sido cuestionada por varios abogados a nivel nacional, así como por organizaciones de defensa de los derechos humanos en Perú y en el extranjero. De acuerdo con varios analistas legales, dicha resolución carece de una adecuada motivación y desnaturaliza varios de los avances emprendidos en materia de procesamiento penal de violaciones a los derechos humanos durante los últimos años.
[related-articles]En particular, varios abogados han criticado la pobre fundamentación dada por la Sala para declarar que los hechos cometidos por Colina no son crímenes de lesa humanidad. El colegiado fundamentó esta decisión al no considerar a los fallecidos en la matanza de Barrios Altos como población civil, dejando entrever que podían ser miembros de Sendero Luminoso. Sin embargo, nunca se presentaron pruebas de esta vinculación, ni en este ni en otros procesos sobre la materia. Tampoco se consideró la sistematicidad de los crímenes, señalada en sentencias penales en Perú, así como por fallos del Tribunal Constitucional peruano y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Villa Stein
Además, la sentencia ha sido cuestionada por la reducción de penas dadas a los miembros del Destacamento Colina y a sus jefes directos, entre ellos, el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos. La resolución no fundamenta las razones para ello, pero el presidente de la Sala en cuestión, Javier Villa Stein, indicó que se debe a la también controvertida eliminación de las responsabilidades de los acusados en el delito de asociación ilícita para delinquir.
Frente a ello, el diario El Comercio, el más importante del país, respondió en un duro editorial a Villa Stein señalando que “Más allá de si se debió condenar a los acusados por el delito de asociación ilícita para delinquir, los jueces parecen olvidar un detalle que sabe cualquier estudiante de Derecho: de acuerdo con la ley aplicable al Caso Barrios Altos, si los criminales cometían varios delitos a la vez, el juez debía imponer solo la pena del delito más grave. Por ello, la condena de 25 años que la instancia previa impuso solo se refería al delito de homicidio calificado y no al de asociación ilícita para delinquir. No se trataba de una suma de penas y, por tanto, al absolver a los acusados de este último crimen, no había una pena que restar. El argumento de la corte para justificar condenas menores, entonces, no tiene sustento”.
Gobierno rechaza la sentencia
El gobierno del presidente Ollanta Humala ha expresado su rechazo a la sentencia, tanto a través de declaraciones del propio gobernante como del nuevo Presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor. Asimismo, la Procuraduría especializada en temas constitucionales del Ministerio de Justicia ha interpuesto una demanda de amparo que busca anular la sentencia. Esta posición ha sido duramente criticada por el fujimorismo y por el magistrado Villa Stein.
En similar tenor, las organizaciones de defensa de derechos humanos enviarán los documentos respectivos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que actúe en este caso. Cabe indicar que este organismo supranacional conoce del caso Barrios Altos en etapa de ejecución de la sentencia emitida por este colegiado en 2001.
Finalmente, por votación unánime de sus miembros, el Consejo Nacional de la Magistratura ha abierto una investigación a los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, por las posibles irregularidades cometidas al momento de expedir la controvertida sentencia.