Condena contra los ataques a periodistas en México
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha condenado el ataque perpetrado el domingo contra el periódico mexicano El Norte, filial del grupo Reforma.
El pronunciamiento del organismo patronal de medios, con sede en Miami, se produjo un día después de que el periódico mexicano El Norte en Nuevo León, Monterrey, sufriera el tercer ataque contra sus instalaciones en menos de un mes. Hombres armados tirotearon e incendiaron una de sus oficinas dejando dos heridos leves. Hasta el momento se desconoce la autoría de los atentados contra el periódico.
En un comunicado publicado en su web, los cerca de 700 medios firmantes del Acuerdo para la Cobertura informativa de la Violencia dirigieron un llamamiento a las autoridades de México para que frenen "el patrón de terror y atentados" contra la prensa en ese país y añade que “es necesario garantizar la seguridad física de quienes ejercen la libertad de prensa, y a su vez, investigar y llevar ante la justicia a quienes cometen esas agresiones".
Violencia contra los medios
También EE.UU. ha expresado su condena por los atentados contra la libertad de expresión en México. El subsecretario de Estado Bill Burns de visita oficial en la capital mexicana afirma que el gobierno norteamericano "está profundamente preocupado con los actos de violencia e intimidación que buscan suprimir la libre circulación de la información".
"Estamos con los periodistas que arriesgan sus vidas", y añadió que la libre expresión es la piedra angular de la democracia y que una sociedad no se puede entender sin el trabajo que a diario realizan los periodistas.
[related-articles]México es considerado uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, según organizaciones defensoras de la libertad de expresión. Durante los últimos seis años se ha registrado una preocupante escalada de violencia contra la prensa que se ha materializado en 40 ataques contra instalaciones de medios de comunicación, 82 profesionales asesinados desde 2000 y 15 desaparecidos, según cifras de la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos. En su mayoría, los agresores no han sido detenidos, pero mucho de los ataques son atribuidos a los cárteles de las drogas.