Honduras prevé desarme general en región que vive conflicto por tierras

El Congreso de Honduras decide este miércoles la ejecución de un desarme general ordenado por el presidente Porfirio Lobo en el valle del Aguán, en un intento por parar el enfrentamiento entre campesinos y terratenientes que ha dejado ya 78 muertos en tres años.Tras reunirse con los ministros de Defensa y Seguridad, y los titulares de la fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, Lobo envió el martes el decreto sobre el desarme que requiere la aprobación de la mitad más uno de los 128 diputados para que entre en vigor con la publicación en el diario oficial La Gaceta.Hace tres años comenzaron en el Aguán, una fértil región del nororiental departamento de Colón, los choques armados entre campesinos y los guardias privados de los latifundistas Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales, quienes disponen de unas 20.000 hectáreas que se dedican al cultivo de palma africana.Los enfrentamientos, recrudecidos en los últimos meses en medio de marañas legales, han dejado desde entonces 63 campesinos y 15 guardias y empleados de los latifundistas muertos, según recuentos ofrecidos por ambas partes."Se suspenden los permisos de portación de armas en el departamento de Colón" hasta que el Congreso "disponga lo contrario", dice el decreto leído la noche del martes por el secretario del Parlamento, Rigoberto Chang, quien se mostró seguro de que será aprobado por los diputados, afines a las medidas de Lobo en materia de seguridad.El decreto establece que la policía y el ejército "procederán al decomiso y suspensión inmediata del permiso de portación de armas a todos los ciudadanos" de Colón, pero no precisa cómo se aplicará la medida, si con retenes, redadas, allanamientos o patrullajes.Vitalino Álvarez, portavoz del Movimiento Unificado de Campesinos del Aguán (MUCA), expresó su temor a quedar indefensos ante la guardia de los empresarios, pues dijo estar seguro de que "sólo a los campesinos" les quitarán las armas, según él, escopetas y revólveres que utilizan para su seguridad y defensa."Nos van a desarmar a nosotros, pero los guardias de los terratenientes van a seguir armados, de eso no hay ni dudas. Ellos se visten con uniformes de los militares y usan de las mismas armas, (fusiles) M-16, porque sus jefes son oficiales de las Fuerzas Armadas retirados que tienen contacto con altos mandos militares", afirmó Álvarez.El portavoz de la empresa Dinant, propiedad de Facussé, Roger Pineda, urgió a las autoridades a tomar cartas en el asunto. "No podemos ver cuál es el mejor camino para la solución del problema, pero cualquier cosa que se haga debe hacerse lo más rápido posible, ya sea (decretar el) estado de sitio" u otras medidas, dijo a la AFP.El conflicto tiene un trasfondo político, social y económico de larga data, pues los latifundistas cambiaron cultivos de granos básicos por el monocultivo de palma africana, cuyo aceite -de alta demanda en la industria mundial de cosméticos y alimentos-, dejó al país 200 millones de dólares en 2011 como cuarto producto de exportación.Los campesinos ocupan por la fuerza parte de las tierras y reclaman que el Estado se las entregue para seguir con los cultivos de palma -acusada de tener un fuerte impacto ambiental-, más rentable que los granos básicos.Bajo el gobierno izquierdista de Manuel Zelaya (2006-2009), los campesinos habían conseguido garantías del traspaso de parcelas ociosas propiedad de latifundistas, pero el golpe de Estado de junio de 2009 dio marcha atrás a lo logrado.Los campesinos comenzaron entonces a ocupar tierras y hoy unas 7.300 familias ya han tomado 7.100 hectáreas, según el MUCA.Lobo ha asegurado que la crisis en esa zona agrícola es un problema "de seguridad nacional", en un país que, según la ONU, es el más violento del mundo, con una tasa de homicidios de 82 por cada 100.000 habitantes en 2010.Además, por la región del Aguán, los cárteles trafican droga de Sudamérica a Estados Unidos y frecuentemente son detectados vuelos y lanchas de narcos cargadas de cocaína.