Indígenas: “consultas antes y no después”

En vísperas del Día Internacional de los pueblos indígenas, Amnistía Internacional reitera el llamado a los gobiernos de las Américas para que cumplan con las legislaciones en torno al derecho a consulta de los pueblos indígenas.
“La consulta debe darse antes de tomar las decisiones y no al revés” dice Mariano Machaín, de Amnistía Internacional, encargado de campañas sobre derechos económicos, sociales y culturales de esa organización.
Machaín detalla casos de proyectos de desarrollo, como carreteras, hidroeléctricas y explotaciones mineras que continúan dándose sin considerar los derechos de las comunidades.
El caso ecuatoriano
A pesar de que la comunidad Sarayacu tuvo la satisfacción de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolviese a su favor en el caso de un proyecto de explotación petrolera, Machaín apunta que proyectos se estarían planeando, nuevamente sin consulta.
“Patricia Gualinga, una de las lideresas de la comunidad, me decía que el gobierno ecuatoriano está haciendo nuevamente planes de explotaciones en la Amazonía ecuatoriana y ellos aún no han sido consultados sobre los parámetros que van a tener estos nuevos proyectos de explotación petrolera o sobre el contenido o forma en que se va a hacer la consulta sobre estos proyectos”.
[related-articles]Incumplimiento de compromisos
Según Machaín hay gobiernos que no respetan sus compromisos internacionales. A pesar que el derecho a la consulta ha sido reconocido en numerosos tratados y en declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay autoridades que prefieren no prestar atención a estos compromisos.
“Hay autoridades que dicen estar respetándolos pero en la práctica hay un desconocimiento profundo de, por ejemplo, cuál es la metodología que se debe implementar para que la consulta con las comunidades indígenas sea genuina y significativa”.
Tener en cuenta cosas tan elementales como si el idioma debe ser quechua o aymara y no español. Esa es la metodología que, según Machaín, se debe aplicar para que las comunidades afectadas realmente tengan la posibilidad de participar efectivamente en el proceso de toma de decisiones.
“Las cuestiones de la sensibilidad cultural es uno de los aspectos claves del derecho a la consulta”.
Recomendaciones
En su informe amnistía deja claro que los gobiernos deben dejar de imponer proyectos de desarrollo en los territorios de los pueblos indígenas y le recuerda a las autoridades que el respeto al derecho a la consulta para los pueblos indígenas es una obligación internacional que han contraído.
“Recordarles también que la consulta debe ser previa a la toma de decisiones y no posterior; que la consulta debe ser libre, es decir, que ningún pueblo indígena debe ser sometido a ningún tipo de presión u hostigamiento en el contexto de la consulta”
Machaín sugiere además que la consulta debe ser verdaderamente informada, brindando a los pueblos indígenas el tiempo necesario de acuerdo a sus prácticas ancestrales para poder arribar a conclusiones y decisiones.
“Que se les provea la información en los idiomas apropiados, con transparencia y que se proceda de buena fe en esta consulta. Estas serian nuestras recomendaciones claves para todos los gobiernos de las Américas”.

Otros casos
 
Además del caso ecuatoriano Amnistía Internacional hace mención en su informe de varios ejemplos en los que esta consulta no se realiza o se lleva a cabo mediante un procedimiento particular e incoherente, violando con ello las normas internacionales de derechos humanos, entre otros:
 
(Tomado del Informe de Amnistía Internacional)
 
México: los indígenas wixárikas piden al gobierno que cancele las concesiones mineras para realizar actividades de exploración y explotación en Wirikuta. Los indígenas wixárikas afirman que no han sido consultados sobre esos proyectos.
 
Colombia: indígenas wiwas de Santa Marta se vieron obligadas a desplazarse de la futura zona de influencia de la presa de El Cercado, en La Guajira, que comenzó a funcionar en noviembre de 2010. Los wiwas siguen haciendo campaña para recibir reparación por el negativo impacto que ha tenido en sus vidas.
 
Ecuador: comunidades indígenas y campesinas tomaron las calles para protestar porque no se les haya consultado por las leyes y políticas propuestas por el gobierno sobre cuestiones que les afectan directamente. En lugar de entablar un diálogo constructivo y consultar adecuadamente con las comunidades que verán afectados sus medios de vida, las autoridades han entablado actuaciones penales contra los dirigentes indígenas y campesinos para disuadirlos de expresar su desaprobación.
 
Argentina: la comunidad indígena toba qom de La Primavera ha actuado contra la propuesta del gobierno de construir un recinto universitario en parte de sus tierras tradicionales. El dirigente comunitario Félix Díaz y algunos de sus familiares han sufrido intimidaciones y amenazas de muerte, incluso tras un acuerdo firmado en mayo de 2011 con el gobierno para facilitar medidas de protección para la comunidad.
 
Bolivia: Desde 2003 las autoridades vienen tomando importantes decisiones sobre la construcción de una carretera que cruza el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure), como la salida a concurso de la obra y su adjudicación a una empresa. Sin embargo, muchas comunidades del territorio afirman que no han sido consultadas previamente y, en agosto de 2011, marcharon hacia La Paz para expresar sus motivos de preocupación. Con ello consiguieron la aprobación de una ley que anuló la construcción de la carretera. Otras comunidades del TIPNIS, partidarias de la carretera, se echaron a la calle en diciembre de 2011 y, a consecuencia de la presión, el gobierno aprobó otra ley para poner en marcha un proceso de consulta. Esto dio origen a otra marcha en abril de 2012. Sus asistentes afirmaban que la consulta no era oportuna y se realizaba de mala fe, y que el gobierno estaba pasando por alto a las autoridades legítimas de la comunidad para conseguir el apoyo de algunas comunidades. El gobierno ya había cancelado el contrato para la construcción de la carretera y la consulta debía comenzar a finales de julio de 2012. No estaba claro cuántas comunidades participarían realmente en ella.
 
“Da la sensación de que el conflicto social de los últimos años podría haberse evitado en buena medida si el gobierno no hubiera tomado decisiones sin consultar previamente con los afectados” concluye Amnistía.