España suspende en derecho a vivienda

Amnistía Internacional recuerda en un reciente informe que el acceso a una vivienda digna o el derecho a la salud no son meras prestaciones sociales, sino derechos humanos. La organización denuncia las carencias de España en este sentido.

La sede española de la organización defensora de los derechos humanos, Amnistía Internacional, ha publicado esta semana el informe “Derechos a la Intemperie”, en el que se denuncian las dificultades que existen en España para hacer valer los derechos económicos, sociales y culturales, DESC.

El problema más grave, según apunta la organización, es el déficit en cuanto a la protección jurídica de estos derechos. Según Amnistía, tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan que estos derechos son tratados como meras prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas.

La organización se refiere especialmente a los 9 millones de personas que viven en la pobreza, las cerca de 200.000 personas que no tienen cobertura sanitaria pública porque ya no reciben ningún tipo de subsidio de desempleo o porque no han trabajado nunca, y a las miles de personas que pueden ser desalojadas forzosamente de sus casas.

Marta Mendiola, responsable de la campaña “Exige Dignidad” en Amnistía Internacional España, resalta que se trata de derechos tan importantes para la dignidad humana como el derecho a la vivienda y el derecho a la salud, claves para disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado y digno. Mendiola dice a Radio Nederland que lo que la organización denuncia es que, en España, estos derechos económicos, sociales y culturales no están protegidos de la misma forma que otros derechos como pueden ser la libertad de expresión, el derecho a la asociación, etc., los llamados derechos civiles y políticos.

Mendiola hace hincapié en que la propia Constitución española regula los derechos DESC no como derechos fundamentales sino como meros principios rectores de la política social y económica, por lo que estos derechos reciben menores garantías de protección dado que el acceso a la justicia únicamente es posible si las leyes que regulan estos derechos así lo prescriben.

Derechos humanos
Amnistía Internacional subraya la importancia de defender el derecho a la vivienda y a la salud como derechos fundamentales, en un concepto más amplio que el de asimilar derecho humano al derecho a la vida. En este sentido, y para acercar el contenido del informe a una realidad más palpable, Marta Mendiola explica el caso de Vigo, ciudad del noroeste de España donde existe un único albergue temporal que está activo seis meses al año, por lo que las personas sin hogar no tienen acceso al contenido mínimo esencial que es alojamiento de emergencia. Esta situación ha dado lugar a que 37 personas hayan muerto en la calle.

Este dato demuestra que el hecho de no disfrutar del derecho a una vivienda adecuada o no tener acceso a la atención en salud, puede minar además otros derechos, incluso la vida. Exigirlos ante las administraciones y acceder a la justicia cuando son vulnerados son experiencias que para millones de personas en España son completamente ajenas a su realidad, lamenta la organización en el documento.
El contexto de crisis económica que vive España, en el que la vivienda ha sido triste protagonista por la burbuja inmobiliaria que se ha dado en el país en la última década, empeora aún más la situación, con la amenaza de desahucios y desalojos forzosos pendiendo sobre miles de personas.

Presión internacional
España ha ratificado, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que conlleva el deber de respetarlos, protegerlos y hacer que sean realidad para todas las personas.
Diferentes organismos internacionales llevan años alertando a España sobre la situación de la vivienda. En 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.

“Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán cómo sus condiciones de vida empeoran”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Derecho a la salud, incluida la salud mental
En el informe “Derechos a la Intemperie”, Amnistía denuncia también el desamparo en cuanto a atención sanitaria en el que se encuentran miles de personas en España.

Según el Ministerio español de Sanidad, en 2009, existen tres grupos de población que no están cubiertos por asistencia sanitaria gratuita: personas en paro no perceptores de subsidios asistenciales de desempleo, personas que no han trabajado nunca o lo han hecho de manera esporádica o en economía irregular, y personas que ejercen profesiones liberales incluidas en Colegios profesionales, no integradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esto da como resultado que entre 90.000 y 180.000 personas de los dos primeros colectivos carezcan de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita en España. Unas cifras que podrían ser mayores debido a la crisis económica.

Conforme datos del año 2008 de la Organización Mundial de la Salud, España se encuentra en los últimos lugares con respecto al resto de países europeos en lo que se refiere a recursos destinados a la atención de la salud mental, con 6.1 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.