¿Una nueva especie de terrorismo?

Dentro de una, dos, tres unidades del transporte público de pasajeros de Guatemala explotan granadas de fragmentación de uso militar, en tres días consecutivos, con un saldo de tres muertos y 49 heridos.
Nadie se adjudica los atentados; no hay programa, proclamas, consignas ni demandas. Ni – a primera vista - el infaltable componente político; la cuestión del Poder. Aparentemente, se trata de un monólogo del terror, incoherente, fantasmagórico, indescifrable. Sobre todo, carente de contenido.
De ser así, habría llegado el momento de revisar todo lo que se ha pensado y escrito acerca del terrorismo. Una especie, hasta ahora desconocida y sin nombre, que pone en cuestión todas las certezas sobre el fenómeno, habría aparecido en esta remota y castigada región (En El Salvador, hace algunos meses, se produjo un atentado similar).
[related-articles]Siguiendo esta lógica el único paso que le quedaría por dar a la violencia en Guatemala para alcanzar la perfección y dejar de ser una posibilidad de la especie humana y convertirse en un fin en sí misma – cualitativamente Irak, Afganistán, Somalia quedarían muy atrás – es el de granadas y fusiles que exploten y se disparen por sí mismos.
Podría pensarse que no estamos muy lejos. “Contrariamente con lo que sucedió en otros procesos post bélicos en otras latitudes donde la sociedad tendió hacia un descenso de los niveles de violencia una vez terminada la guerra, en Guatemala esa violencia siguió siempre una línea ascendente. Terminado el genocidio que permitió al ejército barrer del mapa más de 600 aldeas indígenas, desde el 96 a la fecha asistimos a nuevas formas de violencia: aparece una criminalidad desatada que no cesa, aparecen los linchamientos, la limpieza social, el feminicidio despiadado, las maras como dueñas y señoras de territorios en las áreas urbanas”, dijo a RN el filósofo y especialista en violencia urbana Marcelo Colucci.
Clausurado un conflicto armado interno de más de treinta años de duración y unos 250 mil muertos, “los Acuerdos de Paz de 1996 pusieron al Ejército al borde de extinción, pero acabaron con las fuerzas agrupadas en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)”, opinó por su parte un alto jefe militar.
Es decir que, vinculando ambas observaciones, podemos constatar que los protagonistas de la contienda prácticamente desaparecieron, mientras la violencia, oxigenada por imperturbables factores estructurales de los que poco se habla, persistió. Pero, en ese clima, “que con distintos niveles se mantuvo a lo largo de las cuatro administraciones que siguieron a los Acuerdos de Paz”, como lo recuerda Colussi, hubo culpables más o menos identificables y víctimas selectivas y, sobre todo, móviles vinculados con la justicia por mano propia (la falta de una Justicia institucionalizada), la discriminación y el racismo, el machismo, la miseria y la exclusión, el cobro con métodos feroces de la deuda social, o la lucha por el poder.
Ahora, en cambio, desde la perspectiva del Estado y de la prensa, parecería que también se han evaporado culpables y móviles – las conjeturas e hipótesis son tantas, tan variadas y contradictorias que equivalen a no tener ninguna - ; para dejar inexplicablemente surgido en el vacío, por generación espontánea, un tendal de víctimas casuales y un terror químicamente puro, amo y señor de la escena nacional.
“Los medios de comunicación funcionales al sistema dominante ayudan día a día a reforzar esa visión: “la delincuencia tiene de rodillas a la sociedad” pasó a ser el lema que todos terminan repitiendo, y por supuesto: creyendo, lo cual hace actuar consecuentemente. Es decir: se estableció una cultura del terror, del “sálvese quien pueda”, de la paranoia colectiva ante la criminalidad desatada”, sostuvo Colussi.
Lo más grave es que, como carecen de Inteligencia, información, capacidad de análisis y reacción, el Estado y el gobierno se maneja con esas categorías generales, abstractas: “la delincuencia”; “el crimen organizado”. Se enfrentan a fantasmas letales. Entonces, el llamado del presidente Álvaro Colom a la población es “aguantar”… hasta que, presumiblemente desde el exterior, como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), de la ONU, lleguen los “caza fantasmas”…para demostrar que no existen.
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Los extorsionadores de las empresas de transporte de pasajeros; las pandillas (“maras”) de delincuentes juveniles comandadas desde las prisiones; los narcotraficantes; la mano de obra purgada de los organismos de Defensa y Seguridad Pública; o quienes sean los autores de estos atentados, se han convertido en la más poderosa fuerza de oposición política del país.
Ante la ausencia de organizaciones sociales de peso; partidos políticos indignos de ser considerados como tales; una izquierda desarticulada y atomizada al punto de que sólo figuran ex combatientes aislados, una embajada estadounidense “amiga” y un Ejército, tradicionalmente golpista y desestabilizador, que - como lo señala Colussi – “mantuvo en estos años de post guerra un decidido apego a la institucionalidad constitucional” – la verdadera lucha contra el gobierno ha quedado en manos de la delincuencia.
La inseguridad ciudadana, los asaltos y asesinatos de todos los días; las extorsiones, motines carcelarios, los cuerpos decapitados o descuartizados, el narcotráfico campante, constituyen el principal factor de desgaste y desprestigio de la administración Colom.
Presa del pánico, la sociedad (especialmente las capas medias urbanas) demanda respuestas concretas y contundentes y, como no las obtiene, cuenta los días que le quedan de vida a esta administración.
¿Los “mareros” y presidiarios – jóvenes ultra-violentos de barriadas miserables, escuálidos y semi-analfabetos – son concientes de esto y han decidido dar una vuelta más de tuerca para adoptar una metodología terrorista con el propósito de acortar esos días?
Difícilmente. Pero los famosos “poderes ocultos”; el principal candidato a reemplazar a Colom en el Palacio Presidencial, el ex general contrainsurgente Otto Pérez Molina, al frente de su partido “Patriota”; el poder económico tradicional; los medios de comunicación, tienen muy claro donde está el “talón de Aquiles” del actual gobierno.
Para Colussi, “hay una agenda”.
“La regularidad y la logística puestas en las pasadas acciones de la semana pasada hacen pensar que todo ello tiene tras de sí algún plan maestro. No está claro de momento quién o quiénes podrían estar interesados y dispuestos a perpetrar esos ataques como un fin en sí mismo ni para qué lo estarían haciendo. Pero lo menos que se puede deducir es que hay grupos que siguen apostando al alejamiento de la actual administración, como ya lo intentaron el año pasado con el complejo caso Rosenberg. Puede haber, sin dudas, cierta autonomía en los circuitos delincuenciales, los que actuarían por sí mismos buscando sus interese particulares; pero la magnitud de lo vivido estos días lleva a pensar que aquí hay algo más”, declaró.
“Claro que hay algo más: se trata de un verdadero complot, no sólo contra el gobierno, sino contra toda la institucionalidad del país”, dijo a RN el director general del Sistema Penitenciario Nacional, Eddy Morales, un ex capitán del Ejército, actual abogado y doctor en criminalistica, que se autodefine como socialdemócrata.
Dentro de las cárceles él dirige su propia red de inteligencia – “es mejor prevenir que reprimir”, sostuvo – y gracias a la información obtenida por ese medio no duda en afirmar que “desde la élite de los reclusos, formada por ex funcionarios civiles, militares y policiales del más alto nivel, capos del narcotráfico y el contrabando empresarios y hasta ex autoridades judiciales, se imparten las órdenes para que todo tipo de delincuentes comunes, sicarios y “maras” siembren el terror”.
“El objetivo: lograr la ingobernabilidad y desestabilizar al actual gobierno en su propio beneficio y de la oposición política de derecha y ultra-derecha”, agregó.
¿Si el gobierno lo sabe porqué no lo denuncia ante la ciudadanía y toma las medidas necesarias para desarticular este complot? le preguntamos.
“Varios factores se lo impiden: la dirección de la Policía Nacional Civil es nueva y necesita de, por lo menos, cuatro meses para foguearse; el Ministerio Público está acéfalo; la CICIG también; la Secretaría de Inteligencia Civil carece de experiencia; los asesores del presidente parecen desestimar la gravedad de la situación; y el propio mandatario, dedicado de lleno a la problemática social en detrimento de las cuestiones de seguridad, por su propia personalidad e ideología difícilmente esté dispuesto a recortar derechos y garantías individuales declarando un estado de excepción”.